SANTIAGO.- Todo un debate se abrió luego que el pasado fin de semana el Gobierno enviara al Congreso un proyecto de ley que sanciona con pena de cárcel la ocupación de establecimientos públicos como colegios u hospitales. La iniciativa es observada con inquietud desde Unicef, donde no conocen con exactitud las consecuencias que tendrá para un estudiante –y menor de edad- tomarse un establecimiento como sucede hoy.
En diálogo con TERRA.cl, el encargado legal de la institución, Nicolás Espejo, precisó que “la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Ese derecho tiene que ser particularmente protegido, lo cual significa que si es que uno va a regular desordenes públicos o tomas tiene que ser cuidadoso de hacerlo de un modo en que no restringa legítimamente los derechos políticos de los adolescentes a expresarse”.
“Y es muy probable que una regulación penal, muy general, que cubra muchas hipótesis de prohibición y que actúe de manera muy fuerte, pueda ser una forma de censura previa a la manifestación de la opinión de los adolescentes que está protegida por la convención”, explicó.
El representante de Unicef aclaró que si bien la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA ha señalado que los Estados pueden regular esta materia, se hace sólo de manera graduada.
“El tipo de presiones que se encuentran más fuertemente protegidas por los instrumentos de derechos humanos, incluida la Convención de los Derechos del Niño, son las expresiones religiosas y políticas, porque son fundamentales para la libre personalidad de los sujetos. El Estado debe casi con un guante blanco pensar algún tipo de restricción”, precisó.
Sin embargo, su preocupación radica en que la violencia sí puede ser restringida por los países, y por consiguiente, quedar por sobre las demandas legítimas de los jóvenes.
“Sin perjuicio de que hayan actos de vandalismo, también van a haber actos que pueden ser justificados como legítimos en conformidad con los derechos políticos de los adolescentes. Y si estos actos quedan cubiertos por estos nuevos delitos, entonces eso va a implicar una restricción desproporcionada a la libertad de expresión de los adolescentes y una violación a la Convención de los Derechos del Niño”, aseveró Espejo.
PROTECCIÓN A MENORES EN PROCEDIMIENTOS POLICIALES
Nicolás Espejo señaló que si bien aún no existe claridad respecto a los alcances del proyecto, sería recomendable velar por la protección de todos los actores involucrados.
“Porque así como efectivamente puede haber actos constitutivos de delitos, de violencia física contra efectivos policiales, también ha habido una serie de denuncias sistemáticas de abuso o exceso de la fuerza en el contexto de las protestas. Y en ese sentido, nos gustaría saber también si hay una propuesta de, por ejemplo, protocolos policiales aplicables a menores de edad que regulen estrictamente el uso de la fuerza”, puntualizó.
Recordó además que “el Comité de Derechos del Niño le señaló a Chile el año 2007 que veía con preocupación muchas denuncias de exceso de uso de la fuerza por parte de los policías y le recomendaba al Estado que estableciera medidas para reforzar la protección de los niños en el contexto de procedimientos policiales”.
“No nos queda claro la manera en que el proyecto va a hacer distinciones que son fundamentales de hacer en esta materia. Obviamente no es equivalente un acto de saqueo a un acto de toma de un colegio por parte de adolescentes que protestan. No son equivalentes desde la perspectiva, ni de los bienes jurídicos que se comprometen ni de la justificación que lleva a los sujetos a actuar de esa manera”, finalizó.
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